El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el lunes un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para catalogar a los megaproyectos de inversión pública de índole federal, como tema de seguridad nacional.
«Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional», dicta el acuerdo.
Este acuerdo abrió un amplio debate en redes sociales. Especialistas en la materia, auguran que puede prestarse para facilitar y ocultar la corrupción.
«Desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestamos nuesta profunda preocupación por los alcances y repercusiones que puede tener para la integridad pública y la lucha contra la corrupción y la impunidad, el acuerdo presidencial dado a conocer», describió el Comité.
La preocupación radica en que los temas de seguridad nacional pueden clasificarse. Por lo tanto, podrían manejarse los proyectos con completa opacidad. La falta de transparencia es, a decir del Comité, el primer indicio de corrupción.
Esta postura fue secundada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai). El organismo anunció que interpondrá una controversia constitucional contra el acuerdo. Ya que lo catalogó como ilegal.
Si el acuerdo se mantiene, el gobierno federal podrá reservar la información de obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles. En Jalisco, de concretarse, podrían reservar la información de proyectos como la Línea 4 del tren ligero y la presa El Zapotillo, por ejemplo.
