México es un país que sufre de violencia sistémica, en donde el crimen organizado ha ocupado espacios y se ha vuelto ya una constante en nuestras conversaciones. Esto en parte detonado por un enfoque de “guerra” contra el narco que casi desde su concepción ha fracasado.
Esta estrategia fallida ha transferido miedo e incontables consecuencias en la sociedad, originando un consenso casi generalizado de que es necesario orientar los esfuerzos hacia un enfoque integral que atienda y comprenda las causas que dan origen a la violencia. Bajo el razonable argumento de que “violencia genera más violencia”, el ahora presidente de México ha criticado la estrategia emprendida, teniendo como su carta fuerte a la integración y puesta en operación de una Guardia Nacional que operaría con un mando civil y con la promesa de materializar de manera efectiva aquella propuesta de la Gendarmería de la que mucho escuchamos hablar pero que poco funcionó durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Fiel a su manera de comunicar y desde su frase de “abrazos no balazos”, Andrés Manuel López Obrador daba vistas de que habría un cambio en la manera de afrontar la inseguridad en nuestro país, pero también hay que decirlo, el gobierno federal ha batallado en poder traducir en hechos cada una de sus promesas, frases y símbolos y desde luego, la estrategia de seguridad no es la excepción. No queda claro cómo operará la Guardia Nacional y esta nueva inclusión del ejército en las calles prende las alarmas por convertir a civiles en un blanco del fuego cruzado que se pueda generar, como de hecho, ya ha ocurrido.
La Guardia Nacional y sus ambigüedades
El pasado martes 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo[1] por el que se dispone de la Fuerza Armada para llevar a cabo tareas de seguridad pública y esto en parte es porque se reconoce que la Guardia Nacional aún no desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial como incluso así lo reconoce el Decreto del 26 de marzo de 2019 que le da origen. Es natural que se requiera de un proceso para poderla institucionalizar de manera adecuada, lo que llama la atención es que ese proceso vaya avanzando de manera lenta y que más allá de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, el gobierno federal no esté dando cuenta de una estrategia de seguridad que se posicione de manera distinta y desde luego efectiva, frente a lo hecho en años anteriores.
El Acuerdo que pone de nuevo al ejército en las calles, llega en un momento complicado para el país por el contexto de pandemia que vivimos por la propagación del nuevo coronavirus, pero muy importante no olvidar que la pandemia no debe nublar los esfuerzos que se emprendan en temas centrales de la agenda pública y justo ese es el caso de Seguridad Pública. En el mes de marzo se registraron 3 mil 078 homicidios, convirtiéndolo en el mes más violento desde que arrancó este sexenio y eso desde luego es un claro síntoma del ambiente de violencia que prevalece y se sigue respirando en nuestro país.
La amenaza hacia los Derechos Humanos
Llama la atención que para este caso esté previsto que la intervención de la Fuerza Armada en cuestiones de seguridad pública, se realizará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Criterios que desde luego suenan sensatos, pero de difícil monitoreo y seguimiento ante una estrategia de combate a la inseguridad que en general está ya desarticulada pues el fortalecimiento de las policías civiles y del sistema judicial siguen aún con varios pendientes.
El Acuerdo del 11 de mayo hace referencia al respeto de los Derechos Humanos, pero sin duda, eso no garantiza que sean observados. Su cumplimiento no es algo que se dé por simple voluntad y existen antecedentes en donde se ha extralimitado el uso de la fuerza. Esta medida nos hace dar varios pasos hacia atrás y posterga (a menos de que algo extraordinario suceda) el deseo de habitar ciudades en donde la seguridad no se trace desde un ambiente de represión.
La responsabilidad del Estado de brindar seguridad en su población y el territorio requiere del reconocimiento de sus dinámicas sociales, pues los derechos y los aspectos culturales, económicos y políticos forman parte fundamental en la ecuación. Vivimos en sociedades golpeadas que merecen y necesitan sanar de raíz, no actuar de manera estructural solo favorece a la inmediatez y a generar soluciones con efectos de corto plazo.
Es necesario tener memoria para reconocer que no fue en este sexenio que las Fuerzas Armadas dejaron los cuarteles para ir a las calles, pero esa misma memoria debe recordarnos que su participación no ha sido sinónimo de mayor seguridad.
[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
Abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente, creo en la construcción de sociedades más equitativas y soy de un lugar que tenía un valle redondo de maíz.
