Laudos “ahogan” finanzas de municipios del sur de Jalisco

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Laudos “ahogan” finanzas de municipios del sur de Jalisco

A veces por desconocimiento, muchas otras, por restarle la importancia requerida, los ayuntamientos no dan seguimiento a cada una de las denuncias laborales que llegan a recibir durante cada administración.

Esto ocasiona que el demandante, siempre gane, y el municipio, pierda miles o millones de pesos que dejan de invertirse en servicios municipales u obra pública.

Comencemos por partes. Un laudo es la resolución definitiva que un tribunal otorga al final de cualquier conflicto laboral, en este caso, extrabajador contra administración pública.

Las denuncias ante los tribunales contra los gobiernos municipales, tienen varios orígenes a decir de la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, quien también fue presidente municipal de Pihuamo.

  • Omisiones en el contrato. Algunos alcaldes aún contratan de manera definitiva y no con una fecha de terminación clara.
  • Omisiones al momento de despido. No se finiquita al trabajador, ni se corta la relación laboral conforme a derecho.
  • Oportunismo del trabajador. Algunos trabajadores dejan de acudir a laborar, y tras un tiempo, interponen una denuncia por presunto despido.

A la larga, estos juicios laborales son desatendidos por las administraciones públicas, o no se tiene respaldo documental que sirva para la defensa; es así como nacen los laudos que, en muchas ocasiones, se convierten en “impagables”. Para evitarlos, la diputada pide a los alcaldes lo siguiente.

  • Contratos con fecha de término clara.
  • Despedir conforme a ley. Con acta de terminación y acta de finiquito, firmada por el trabajador.
  • Llevar registro de asistencia de trabajadores.
  • Llevar registro de faltas administrativas de trabajadores.
  • Estar al día en tribunales. Dar contestación y seguimiento a cada proceso.

“A lo mejor es un trabajador que nadie despidió, solo dejó de ir y decidió demandar. Si tú no te presentas y dices que el hecho que él manejó que le despidieron no es real y no existe, el tribunal lo da por hecho. Lo que el trabajador dice es verdad, mientras tu no lo desmientas”.

Y gracias a estas omisiones que las administraciones municipales han hecho por años, es que el distrito 19 tiene una deuda global de 11 millones 555 mil 69 pesos.

Esta cantidad está dividida en 28 laudos, entre 12 municipios. El caso que más preocupa a las autoridades, es el de Sayula, pues representa el mayor del distrito, y uno de los más costosos en todo el estado, además, esperan que en este año, tras las actualizaciones, llegue a una cifra superior a los siete millones de pesos.

Los laudos no son cosa menor pues, aunque Zapotlán el Grande tiene una recaudación mayor a 20 millones de pesos anuales, hay administraciones con un presupuesto que apenas y alcanzaría para pagar laudos, obligándolos a hacer reajustes que pueden derivar en menor obra pública o servicios municipales.

Los 28 laudos que en este texto se abordan, ya se encuentran en el Congreso del Estado de Jalisco con apercibimiento para suspensión por 15 días de los alcaldes; esto es, sino pagan o llegan a acuerdos con los demandantes, deberán dejar sus cargos como presidentes municipales por dos semanas.

Todos estos laudos no son recientes, han sido arrastrados administración tras administración pública, algunos datan, a decir de los propios alcaldes y de la diputada, desde 2004, y eso es lo que provoca que llegan a cifran de miles o millones de pesos. No se atendieron a tiempo, y ahora les toca a los “nuevos”, pagar las consecuencias de sus antecesores.

En esta zona de Jalisco que contempla municipios del sur y lagunas, solo Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, San Gabriel, Santa María de Oro, Tamazula de Gordiano y Techaluta de Montenegro, no tienen laudos con apercibimiento en la cámara de diputados.

Y como el distrito 19 (o peor), así está el resto del estado, ya que de acuerdos a datos del Congreso, son más de 900 laudos con apercibimiento en Jalisco.

One Comment

  1. El negocio de los laudos es un negocio muy redituable para los mismos alcaldes. Son ellos quienes se ponen de acuerdo con los demandantes, para luego pedirles moches. Tal es el caso de Sayula.

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