La Participación Ciudadana es un derecho y otorga herramientas para que las personas puedan involucrarse en las decisiones y la vida pública de sus entornos. Puede ejercerse en asuntos tan diversos como la organización comunitaria, la obra pública o el presupuesto, entre muchos más.
La participación ciudadana en esencia, genera la oportunidad de construir consensos y es una vía para que la imposición no sea la norma y las políticas públicas respondan a demandas sociales. El problema surge cuando los gobiernos no propician las condiciones para que los mecanismos de participación ciudadana sean activados, no se respetan acuerdos, desestiman la capacidad de la población y se les consulta sobre decisiones ínfimas o se hace política, como ocurre con los ejercicios de “revocación de mandato”. Además, algo que de hecho ha sucedido, es la práctica de tergiversar luchas sociales en redes, para de esta manera restarles valor y significado y reducirlas a pleitos políticos que solo alimentan climas de polarización.
El paso del tiempo y el transcurrir de administraciones no necesariamente ha implicado que los gobiernos sean abiertos, que planteen sus agendas desde la escucha, la participación y que como se dice coloquialmente, trabajen “de abajo para arriba”, pues esto implica el reconocimiento de que nadie más conoce mejor sus entornos que quienes los viven y habitan de manera cotidiana.
Gobierno abierto
Desde luego, un gobierno abierto no es aquel que toma decisiones de manera unilateral, cuenta historias a medias y limita la participación de su población en la toma de decisiones. Sino aquel que ejerce sus funciones desde la pluralidad, la transparencia, la innovación y los datos abiertos.
En el panorama político y social existen realidades: Una de ellas es que gobiernos y clase política no pueden seguir utilizando a la población con fines netamente electorales, intentar legitimar decisiones que solo sirven a sus intereses y posicionar a sus plataformas antes que dar resultados y ver por el interés colectivo. La segunda es que, existe una población cada vez más informada, interesada en temas de agenda pública y con deseos de ser tomada en cuenta, pues tiene cosas qué decir e ideas para proponer.
En nuestro estado, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, comprende 16 mecanismos de participación ciudadana que sientan las bases para hacer efectiva la participación de la ciudadanía. Los mecanismos, van respaldados por Políticas Gubernamentales como son el Gobierno Abierto, Congreso Abierto y Justicia Abierta, lo que implica que desde ahí, se puedan gestar interacciones de colaboración. Es obligación de los gobiernos hacerlos accesibles y efectivos, y es responsabilidad de la ciudadanía tomar estos mecanismos en sus manos.
Replantear la relación entre ciudadanía y gobierno es posible y está en manos de las instituciones construir puentes y canales de comunicación para que eso sea posible. Existen avances y la gobernanza debe ser el camino.
Co-creación y complementariedad
La inteligencia colectiva implica hacer cosas juntos. Es resultado del intercambio de ideas y desde ahí pueden gestarse alternativas que permitan traducir ideas y pensamientos individuales, hacia acuerdos colectivos pensados desde la responsabilidad, la libertad y el ejercicio de derechos.
Una ciudadanía activa puede y debe ser partícipe de lo que sucede en sus espacios. Las demandas sociales deben interiorizarse en las instituciones y desde ahí construir soluciones y alternativas.
No dejemos que se sigan tomando decisiones a nombre nuestro. Apartarnos de lo público, es hacer de nuestros presupuestos, entornos y servicios públicos, cheques en blanco para la discrecionalidad y la ineficacia.
Abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente, creo en la construcción de sociedades más equitativas y soy de un lugar que tenía un valle redondo de maíz.
