La Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) recriminó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) confirmó tala ilegal en la Sierra de Manantlán y no ha emitido una sanción.
El organismo también criticó lo tardío del actuar de la Profepa, ya que junto con Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla de Ayotitlán (CAANTA), interpusieron la denuncia desde el 20 de noviembre de 2019 por tala en el bosque con fines mineros, sin el consentimiento de las comunidades nahuas.
Esta invasión es provocada presuntamente por el consorcio Benito Juárez – Peña Colorada.
Fue hasta el 26 de junio de este año que la PROFEPA dio respuesta a la Red afirmando que encontró en el sitio 9.19 hectáreas de bosque talado con uso de motosierras. Además, el material maderable fue acomodado en sentido perpendicular a la pendiente para la retención del suelo.
A causa de esto fue que se abrió el expediente que, a tres años de la denuncia, aún sigue abierto y sin sanciones para los responsables. La RJDH teme que estas omisiones de la Profepa provoquen que más de 194 hectáreas sean devastadas antes de que actúe la dependencia federal.
“En su tardía resolución, la PROFEPA nos informa que «de acuerdo a la información proporcionada por personal de la empresa Peña Colorada, las actividades de preparación del sitio de la superficie autorizada, inició con los trabajos de rescate y reubicación de especie de flora y fauna (no especifica cuáles), para posteriormente continuar con la remoción de la vegetación para la preparación del sitio, encontrando un avance del 1.88% en remoción de vegetación y observando tocones y árboles completos de encino derribados con motosierra en una superficie aproximada de 9.19 ha, de un total de 194.52 ha. y «utilizando el producto maderable para uso doméstico».
Se indica así mismo que «el producto maderable que resulte del derribo de arbolado será utilizado para acomodarse en sentido perpendicular a la pendiente para retención de suelo en la zona que requiera este tipo de obras de conservación de suelos”.
En la respuesta a la Red, Marín Rivera Núñez, encargado de despacho de la Delegación Jalisco de la PROFEPA, afirmó que una vez terminen las investigaciones informarán al organismo de las sanciones a imponer, pero no fijó un plazo para esto.
Sin consulta a comunidades
La RJDH también criticó que la PROFEPA realiza estas inspecciones por su cuenta, cuando tendría que hacerlas de la mano con la comunidad indígena de Ayotitlán.
“La Brigada de la Subdelegación (de la PROFEPA) ni siquiera buscó ni habló con los nahuas afectados de Champerico por el extractivismo minero, con lo que sus integrantes incurrieron en un acto de indebida e injustificada discriminación racial y administrativa”.
Por estas acciones y omisiones, la RJDH hizo un llamado a la PROFEPA a apegarse a lo que marca el convenio internacional que México firmó en 1989 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para involucrar en estas acciones a las comunidades indígenas.
Periodista egresado del CUSur. Aficionado por los deportes, la política y el periodismo. En El Suspicaz funge como co coordinador. También escribe para NTR Guadalajara y Letra Fría. Integrante de #CONNECTASHub.
