Reformas “para mover a México”

Opinión

Reformas “para mover a México”

Adiós manifestaciones libres

Después de la reforma electoral, la energética, la de telecomunicaciones y todas las aprobadas durante el primer semestre del año, hoy las reformas vuelven a aparecer en los diarios nacionales.

Todos hemos sido parte, ya sea directa o indirectamente de algún tipo de manifestación en contra de algún hecho que consideramos incorrecto o ilegal, y no me refiero sólo al caso Ayotzinapa, sino a las cientos de veces que el pueblo mexicano ha alzado la voz para exigir justicia, igualdad de derechos o simplemente, para recordar sucesos que no se han olvidado a pesar de los años.

Sabemos que no es del agrado de los gobernantes  que el pueblo se manifieste, que deje de callar y tome las calles, hasta ahora, es un derecho constitucional, marcado en el artículo 6 de la Constitución que a la letra dice:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.”

Sin embargo, los diputados del PRI, PAN y PVEM, según una noticia publicada por el diario La Jornada, aprobaron por mayoría calificada una reforma a los artículos 11 y 73 constitucionales en materia de movilidad universal.

Con la reforma, según especifica el diario, se otorga libertad al gobierno federal, estatal o municipal, para legislar en este ámbito, con lo cual tienen la facultad de evitar que las manifestaciones pertenezcan al apartado de lo legal.

El gobierno ya no puede controlar la situación, ha optado por esta medida, ¿con eso está solucionado el problema? Por su puesto que no, por el contrario, si en un futuro llega a concretarse una ley para impedir la libre manifestación (que por cierto sería un atentado al artículo 6 constitucional) sería un error muy grave, si dicen que el caso Ayotzinapa es la “gota que derramó el vaso”, la implementación de esta medida provocaría mayor movilización, tal vez al grado de dejar los hechos pacíficos a un lado y tomar otro rumbo.

Ley General de… ¿Transparencia?

Hace unos días, Vicente Viveros, Consejero Titular del ITEI, estuvo en el Centro Universitario del Sur con motivo de la Feria de Ciencia y Tecnología 2014. Ahí  manifestó la necesidad de una Ley General de Transparencia donde todos los estados de la República tuvieran la base, también aseguró que dicha ley debe estar aprobada en febrero de 2015.

Y es que tiene razón, tal como lo afirmó, en materia de Transparencia cada estado hace lo que quiere, unos permiten el acceso a datos que otras entidades federativas excluyen. Esta situación es un verdadero problema nacional.

Pero el problema no es la ley, sino, lo que dicte esta ley. Recordemos la situación en la que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, titular del ejecutivo y primera dama respectivamente, han estado inmersos en los últimos días: La Casa Blanca y todo lo que ésta oculta en materia de transparencia.

Esta situación, conjuntamente con la manera en que las solicitudes de transparencia han causado que periodistas descubran los malos manejos que hacen las autoridades de todos los órdenes de gobierno del presupuesto público, da la impresión que ya comenzó a preocupar a los políticos mexicanos, pues según una nota publicada este 2 de diciembre en el diario digital SinEmbargo.MX , las Organizaciones no Gubernamentales que apoyaron en la redacción original de la iniciativa de Ley General de Transparencia, denunciaron que el Senado modificó de última hora algunos párrafos que impiden que la opacidad desaparezca.

Algunos de los apartados donde señalan irregularidades son:

La redacción final establece en el artículo 113 como información reservada aquella que “pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, la cual se sumará a clasificaciones ya existentes como el “interés legítimo de la seguridad nacional”, “violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad” o información que “pueda causar un daño significativo a las negociaciones y relaciones internacionales”.

Esto es un tema grave, pues dará pie, en caso de aprobarse en febrero, a que los “representantes del pueblo” continúen ocultando información, y esto, a la larga ocasione que la ciudadanía siga siendo atracada por los políticos corruptos de manera descarada.

En fin, esperemos que el colectivo que realizó la demanda siga en pie de lucha y a ellos se les una toda la sociedad mexicana, pues actos como estos no deben llegar a concretarse.

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