Quienes ejercen un cargo público ejercen también una gran responsabilidad pues los gobiernos y sus instancias impactan directamente en la vida de las personas. La función pública, es en esencia una gran responsabilidad, aunque las cuotas, los “paros”, las “palancas” y la ineficacia, han sustituido en muchos de los casos a ese sentido de responsabilidad, dejando de lado a quienes en verdad se esfuerzan para cumplir con sus funciones de manera correcta.
En días pasados, el 14 de julio, supimos de la renuncia de Fela Pelayo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH). La ex Diputada Local anunció su renuncia tras salir a la luz que no ostenta el grado académico requerido para ejercer el cargo, todo esto bajo un contexto de gran carga mediática. Parece que existen consensos en que al final, la renuncia fue correcta, pero ante este caso es necesario abrir debates sobre la manera en que se accede a cargos públicos y los perfiles que desempeñan determinadas funciones.
Es necesario ver lo que sucede en nuestros entornos más cercanos y preguntarnos si tenemos gobernantes, funcionarias y funcionarios que trabajen desde la honestidad, la cercanía y el profesionalismo. Es popularmente sabido que “tenemos los gobiernos que nos merecemos”, pero en verdad ¿Esto es cierto? Existe responsabilidad en los gobiernos desde que se instalan con capacidades políticas y operativas deficientes y la ciudadanía es la que invariablemente termina pagando los platos rotos.
Reconfigurar desde las bases
La función pública es una responsabilidad y así se debe entender, no hay de otra. Implica conocimiento de las realidades y los contextos en los que está inserta la población, tener la capacidad de trazar agendas, generar acuerdos y soluciones. Cometidos que cada vez son más complicados de lograr, pero justo por eso es necesario innovar la manera en la que se hace política y se gobierna. Los títulos académicos son necesarios, pero siempre deben ir acompañados de empatía, vocación, paciencia y conocimiento.
Ganar elecciones muchas veces se convierte en un fin para quienes se postulan a algún cargo de elección popular, más allá de ser un medio para mejorar y transformar realidades, y ese es un primer paso para dar lugar a administraciones deficientes que con su actuar, incrementan la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Es cierto que los contextos son complicados y que vivimos en un entorno donde las crisis son la constante. Desde las crisis de representatividad, hasta aquellas que padecemos todos los días, las que se instalan en materia de derechos humanos, seguridad social, acceso a servicios de salud, inseguridad, violencia de género, educación, clima y medio ambiente. Atender esas crisis requiere aceptarlas, dimensionarlas y construir soluciones entendiendo la labor que tiene el Estado para salvaguardar los intereses colectivos.
No podemos dar pasos si no se apunta hacia rutas que inviten a la congruencia y a la dignidad. Urge normalizar las evaluaciones en la labor de funcionarias y funcionarios, el acceso a cargos públicos a través de convocatorias abiertas, la rendición de cuentas, la apertura para espacios de gobernanza y construcción colectiva y la socialización de las agendas. Quienes busquen cargos de elección popular deben hacerlo yendo más allá de los acuerdos que logren tejer, el “carisma” que infundan y la capacidad de movilización que puedan desplegar. ¿Por qué no pensar en candidatas y candidatos surgidos desde la academia, los movimientos sociales o la sociedad civil organizada? Quienes lo hagan desde sus plataformas políticas, deberán ir acompañadas y acompañados de trayectorias limpias e ideas claras.
Basta de la política que solo se enfoca en defender grupos e intereses y respingar ante cualquier cuestionamiento, sin importar que ese cuestionamiento venga desde la sociedad civil organizada y este sustentado con argumentos, así como sucede con el Congreso de Jalisco y su desacuerdo con los pronunciamientos que han salido desde el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco por la manera en que el Congreso ha llevado procesos de designaciones.
Las dificultades sobran pero las posibilidades de mejorar están dadas, construir puentes es una necesidad y justo esa debe ser la apuesta en la conformación de gobiernos funcionales y capaces de representar adecuadamente.
Abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente, creo en la construcción de sociedades más equitativas y soy de un lugar que tenía un valle redondo de maíz.
