El botón de emergencia se posicionó de manera polémica como una medida emergente de contención a la pandemia, pero además, con una carga simbólica bastante significativa por lo que implicaría parar de nuevo la actividad económica en el estado. Ese simbolismo, se hace presente también en otros aspectos de la agenda pública por las implicaciones y consecuencias desatadas por la desprotección ambiental y social.
Desde que inició la pandemia, las reflexiones sobre la relación que llevamos con nuestros ecosistemas y la manera en que aprovechamos los elementos naturales no se hicieron esperar, lo mismo sucedió con la desigualdad social que mostró profundos matices desde que se comenzaron a implementar medidas de distanciamiento social, y desde ahí, han surgido diversos planteamientos que invitan a ver la emergencia sanitaria como un todo, en donde lo ambiental y lo social han llevado una carga por demás significativa y no es para menos, el estilo de vida basado en el capital ha creado profundas brechas con consecuencias para los sectores menos privilegiados.
Hablar de justicia ambiental y social, es hablar de equidad, derechos humanos, de sociedades menos vulnerables y de instituciones capaces de salvaguardar los intereses colectivos. La complejidad de la situación actual demanda que la ruta a seguir, no se permita desdeñar estos aspectos.
Agendas imprescindibles de cara al futuro
La emergencia sanitaria por el coronavirus, puede decirse que fue una crisis que evidenció o exacerbó las demás crisis existentes. Llegó en un momento donde el modelo económico y político siguen separando lo natural de lo social, en un momento en el que en México aún no está definido un modelo de salud universal y en donde las incertidumbres y la fragilidad económica muestran sus manifestaciones más importantes en el sector informal, que justo, es uno de los que ha sido más afectados.
Medio Ambiente
Lo ambiental es preponderantemente social y de interés general, sin embargo, las afectaciones que ha sufrido a manos de intereses particulares, es abismal. La legislación mexicana otorga (al menos en lo general) herramientas suficientes para poder hacer efectiva la preservación del ambiente y la realización de obras y actividades que se sujeten a los criterios de sustentabilidad establecidos, en caso contrario, las sanciones y medidas de reparación también están presentes.
Aquí el gran problema se centra en el incumplimiento, la debilidad institucional y el desconocimiento de atribuciones, principalmente por parte de autoridades municipales. La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en sus apartados para formulación y aplicación de política ambiental; la planeación ambiental; los aspectos para conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; de protección al ambiente y de participación social, aporta elementos importantes para regulación y gobernanza que complementan los aspectos que estén previstos de manera específica en dicha ley, o bien, suplen las deficiencias que pudieran existir.
Es necesario ir más allá de lo que en la ley se establece, no porque no sea importante, sino porque las agendas y el fortalecimiento institucional son clave para el cumplimiento efectivo de la ley. Si eso falla, todo lo demás falla y las consecuencias de la desprotección ambiental afectan directamente en el entramado social. La riqueza ambiental de Jalisco es amplia, sin embargo, nuestro estado no puede seguir siendo ese espacio en el que la agroindustria le gana espacio a los bosques, existen al menos 80 plantas de tratamiento de aguas residuales fuera de operación, la ocupación del territorio sigue obedeciendo a lógicas de exclusión y en donde aún se ve lejana una solución a la problemática que aqueja al Río Santiago.
Es momento de que la salud de las personas, las actividades productivas y económicas y el cuidado y preservación del ambiente dejen de caminar por senderos distintos.
Justicia Social
Apostar por la justicia social, es apostar por el bienestar y dignidad de las personas. Implica que la distribución de recursos sea de utilidad para cubrir con necesidades básicas como seguridad social y servicios públicos eficientes. Implica sentar las condiciones para que en un país como México, en el que hay más de 50 millones de personas en situación de pobreza, se deje de lucrar con la necesidad de las personas y se les permita mejorar sustancialmente su calidad de vida. Una Justicia Social que parta de contextos sociales, que entienda y atienda a las estructuras que generan desigualdad y que entienda que lo económico es social, puede abrir la ruta a seguir para procurar la conformación de sociedades menos vulnerables.
Existen predicciones de una caída del PIB en México de entre el 7 y 9% y eso sin duda, implica que el camino hacia la recuperación será largo, no obstante no puede gestarse un crecimiento económico basado solo en la creación de capital. La sustentabilidad, la educación y el acceso a la seguridad social deben ser constantes que acompañen a ese crecimiento. Invertir de manera progresiva y restaurativa en las poblaciones menos privilegiadas es una de las alternativas, pues a pesar de las horas laboradas, en muchas familias es un problema poder llevar alimentos a sus hogares y en estas condiciones, las familias no pueden aguantar de más embates.
Se requieren agendas claras y posicionamientos concretos que permitan dar pasos hacia adelante. De cara a lo que viene, la “voluntad política” no puede seguir siendo un factor que frene la atención a problemáticas y que siga alimentando los entornos de división y polarización.
Abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente, creo en la construcción de sociedades más equitativas y soy de un lugar que tenía un valle redondo de maíz.
