Imágenes: Adrián Escárpita | elgallo_____7
Ejercer el poder no puede significar actuar con autoritarismo, con imposición y fuera de la ley para luego criminalizar a quienes se opongan. Hablar más de las “formas” en que se dio una protesta, que de las causas que la originaron es perder totalmente el fondo. Sucedió en marzo y sucede ahora en junio.
Lo que en este caso generó las protestas es la violencia, opacidad e incapacidad ejercidas por las instituciones encargadas de brindarnos seguridad. No es la primera vez que escuchamos que a policías “se les pasó la mano”. Es una práctica añeja y que de ninguna manera puede terminar bien. Lo que sucedió con Giovanni no hizo más que traer al centro de la discusión los abusos que de manera constante se dan a manos de cuerpos de seguridad, de los cuales hay más casos que se convierten solo en una estadística, cuyas historias se desarrollan en anonimato.
La ira desatada en la población al conocer del asesinato en custodia del que fue objeto Giovanni López, terminó con manifestantes en la ciudad de Guadalajara que sufrieron de desaparición forzada. La violencia imperó, aunque el gobernador lo niegue.
El Estado de Derecho, supone que nuestras instituciones actúen con transparencia, diligencia y en arreglo a las leyes que las regulan. También supone que la aplicación de la ley se dé de manera objetiva y lo que hemos visto estos días dista mucho de ese ideal. A quienes protestan se les detiene incluso con levantones y quienes actúan fuera de la ley desde las instituciones, gozan de impunidad.
Respuestas esquivas
El gobernador ha dado anuncios de que se hará justicia y que “cumplirá con su palabra”. Eso esperamos, pero es su obligación, debe entender que esto no se trata de su persona, se trata de que Jalisco pueda dar pasos al frente en atender de fondo los problemas de gobernabilidad que enfrenta, ir más allá de la dinámica que contrasta a los hechos con su palabra. Si los poderes fácticos ganan, las instituciones siguen siendo endebles y esto se arregla desde el discurso, será más de lo mismo y se repetirán los errores del pasado.
Existen demasiadas realidades que demandan atención, tal vez más de las que quisiéramos, entre ellas: La necesidad de extirpar el tumor que llena a la Fiscalía de corrupción e impunidad, de una vez por todas capacitar y profesionalizar a cuerpos policíacos y también hay que decirlo, dejar que la precariedad y los sueldos bajos sean parte de sus condiciones de trabajo, pues eso les convierte en blancos fáciles para ser cooptados y les convierte también en víctimas de un sistema disfuncional.
Alimentar el discurso de que esto ha sido orquestado desde “el sótano del poder” es polarizar y no asumir los problemas que aquejan a nuestras instituciones. El gobernador ha abierto un debate político que deja a las personas en un segundo plano. Con sus actos y declaraciones ha dejado pasar oportunidades para asumir una postura sensata y no, por más que lo diga, no ha actuado a la altura de las circunstancias.
Los “ponte en mis zapatos”, “se construyó una historia”, “no me van a doblar” y “detrás de esto hay intereses muy poderosos”, nos dejan ver que esto no se trata de Giovanni, de nosotras, de nosotros, de la memoria, y sí de un gobernador con falta de empatía.
El derecho a vivir en paz
Responder a las recomendaciones giradas por la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, no es un favor por parte de su gobierno, es lo mínimo que debe hacer. Según un informe sobre tortura en Jalisco del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, al menos 80% de las personas detenidas han sufrido algún tipo de tortura y ¿Qué respuesta hay hacia eso?
Jalisco no es un feudo y quienes lo habitamos no somos vasallos. Las voces que claman por justicia seguirán sonando fuerte mientras esas injusticias mantengan su vigencia y en tanto nuestras instituciones no actúen bajo enfoques garantistas. Mientras la arbitrariedad sea la norma, cualquiera corremos peligro.
“Te desaparecen por alzar la voz”, eso es lo que sucedió en Guadalajara la tarde del viernes 05 de junio y es una práctica que no puede tolerarse de cara al futuro. El Estado está roto y no puede ser reduccionista. México es peligroso para quienes se quejan y alzan la voz; luchar por el medio ambiente, los derechos humanos o la justicia social, son actividades de alto riesgo y eso debe parar ya.
A las disculpas ofrecidas por el gobernador y la liberación de las personas detenidas, debe sumarse un proceso de reparación del daño porque en ellas y en ellos se sembró miedo, coraje e incertidumbre, fueron al menos 30 personas que vieron su vida pasar. La información sobre su estado y paradero corrió por cuenta de diversos perfiles en Twitter, del CEPAD, de abogadas y abogados que se organizaron, no del gobierno estatal.
Las voces de coraje, también son voces de esperanza y no cesarán hasta que obtengan lo que legítimamente reclaman: Vivir en paz y sin miedo. La alternativa está en recomponer el camino y esperamos que así sea, que la cordura y el bienestar colectivo ganen.
Abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente, creo en la construcción de sociedades más equitativas y soy de un lugar que tenía un valle redondo de maíz.
