Fotos: Celia Niño

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16 años después: represión, abusos policiacos e infiltrados en #JusticiaParaGiovanni

Por: Jade Ramírez

Son las 9:30 de la noche y los helicópteros de la policía de Guadalajara no dejan de dar vueltas por el centro de Guadalajara, el perímetro donde se revivió para algunos y se experimentó por primera vez en otros, el choque de la fuerza pública contra manifestantes.

Revivir un operativo como el del 28 de mayo en 2004, para unos, se vuelve atroz porque la furia de dos entes haciendo el encontronazo, nunca deja nada bueno. Hace 16 años se emprendió el más violento operativo entre transeúntes con detenciones arbitrarias que pasaron a tortura en el estacionamiento de la entonces Procuraduría de Jalisco, largos procesos judiciales y el quiebre de familias.

Así como no todos los encapuchados de 2004 eran altermundistas contra mandatarios pro globalización, y no todos los detenidos habían cometidos daños a la cosas o intentos de homicidio, el jueves 4 de junio al cierre de este recuento, se reportaban por familiares, al menos 5 jóvenes detenidos y para variar, dos hermanos que no acudieron a la manifestación convocada vía redes sociales como #JusticiaParaGiovanni, si no que se encontraban caminando cerca del centro videograbando lo que veían, cuando se rompió la secuencia de una manifestación pacífica.

Según el gobernador en su comunicado en redes sociales, se detuvieron a 22 personas de las cuales dos son mujeres.

El contingente que se dio cita a las 5 de la tarde en el parque Revolución en el cruce de avenida Federalismo con Juárez, avanzó en pequeños grupos, rebasaban apenas el ciento de personas; todos los que se dieron cita atendieron el llamado de participar haciendo uso de cubrebocas de manera obligatoria. Aparecieron las banderas de México teñidas de sangre, pancartas con reclamos al gobernador Enrique Alfaro y señalamientos contra la policía de “asesinos”.

Foto: Celia Niño

Dos enfrentamientos

Un video subido a redes sociales registra cómo al interior del Palacio de Gobierno se alistaba por lo menos una docena de policías del estado, a dos cosas: contener el intento de derribar la puerta sobre la calle Morelos frente a la plaza Libración, y salir a repeler a quienes rompían vidrios de los ventanales.

Lo que se alcanza a escuchar en la grabación es una indicación en voz de mujer que dice “aguantar” y una respuesta en voz masculina que dice “…a la verga los vamos a matar”.

Afuera grupos de personas con el rostro cubierto, llegaron directo a lograr lo que ninguna otra manifestación había conseguido antes: poner en jaque a los policías, quebrar vidrios e incendiar una patrulla blindada que estacionada, siempre, a las afueras de Palacio de Gobierno. Curiosamente el edificio de Palacio de Gobierno no estaba custodiado por afuera, ni con vallas. No así Casa Jalisco ubicada al poniente de la ciudad que desde medio día estaba completamente amurallada.

Alrededor de las seis de la tarde en la avenida Juárez a una cuadra del andador Alcalde, la llegada de una “sola línea” -la forma en que se nombra la instrucción para los antimotines en posición de defensa o choque-, aceleró los ánimos.

El centenar de personas que venían caminando en sentido contrario por avenida Juárez para llegar a las oficinas del gobernador se le sumaron pequeños grupos de personas sin consignas ni pancartas.

A un patrullero que estaba a tres metros antes que la línea de antimotines, en el roce con manifestantes, apareció un hombre de camiseta blanca y lentes de sol rociando sobre el policía un líquido flamable y con el encendedor en la otra mano. Le prendió fuego en la espalda.

La pericia del motociclista lo hizo rodar en el piso y recibió incluso auxilio de otros civiles para apagarse el fuego. Al menos, en ese momento, no hubo detención en flagrancia.

Ahí en la plaza de las Sombrillas ya conocida como plaza Universidad, donde hace 16 años comenzó la confusión, gritos, llegada de violentos infiltrados y lanzamiento de gas pimienta, ahí de nuevo, tronó la apuesta pacífica de exigir justicia por la ejecución extrajudicial que cometieron presuntamente policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, territorio ubicado al norte del lago de Chapala en la región centro-ciénega, donde se han multiplicado las detenciones arbitrarias y abusos policiacos contra niños, jóvenes y adultos.

Siguen negando el delito de no portar cubrebocas

Esta misma noche se filtró a medios un expediente de las detenciones que habían realizado a Giovani López en otros años e incluso, su paso por el Reclusorio Estatal de Ciudad Guzmán, como una acción tendenciosa de justificar la detención violenta de Giovanni el mes pasado por el cual murió con rasgos de tortura, un balazo en el pie izquierdo y trauma encefálico. Aunque llegó a la redacción de Perimetral el documento, no lo publicaremos.

El gobernador de Jalisco en el reporte de daños a las diez de la noche el 4 de junio, refrendó el deslinde de la policía del estado en la ejecución extrajudicial y agregó una advertencia al presidente Andrés Manuel López Obrador: “le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son justamente ellos quienes han generado todo esto que estamos viviendo”, en referencia a que militantes del partido Morena filtraron a Latinus, el video con la detención de Giovanni López.

En los hechos, a Giovanni López lo detienen frente a su familia, el presidente municipal según el propio hermano, se comprometió a liberarlo al día siguiente pero la familia tuvo que acudir a reclamar el cuerpo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, había sido ejecutado extrajudicialmente, o por el delito de no traer cubrebocas en la pandemia, o por otras faltas administrativas y la comisión del delito recae en la patrulla que se lo detuvo.

En los informes que anualmente emite el Comité Cerezo sobre ejecuciones extrajudiciales a personas defensoras de derechos humanos, rescatamos la cita con la que se abre la publicación como nota aclaratoria:

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005).

El abogado defensor de derechos humanos, César Pérez Verónica, agrega argumentos para el debate que aún no se ha dado en medios ni con las autoridades se seguridad pública del estado, sobre porque sí se trata de una ejecución extrajudicial y, el no nombrar adecuadamente la violación a los derechos humanos, invisibiliza la práctica de tortura y otros delitos.

En el recuento de daños que hizo en redes sociales el gobernador Enrique Alfaro con motivo de la marcha #JusticiaParaGiovanni, contabilizó 6 policías heridos, uno con la espalda quemada y tres patrullas quemadas, pero omitió contar las lesiones de tres periodistas agredidos: Rubén Fraire camarógrafo de Canal 44, Ulises Ruiz y Fabricio Atilano, de El Informador y Arturo Campos fotoperiodista de La Jornada.

Lee y escucha la nota completa en perimetral.press

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